Un paso hacia adelante, y otros hacia atrás.

Esta semana hemos conocido que un ciudadano homosexual ha recibido la primera indemnización de las recogidas por la ley 2/2008, de 23 diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 en su disposición adicional decimoctava, que establecía lo siguiente:

"Uno. Se concederá una indemnización a quienes hubiesen sido objeto de medidas de internamiento por su condición de homosexuales en aplicación de la Ley de 15 de julio de 1954 (RCL 1954, 1094), por la que se modifica la Ley de Vagos y Maleantes de 4 de agosto de 1933 (RCL 1933, 1137), o de la Ley 16/1970, de 4 de agosto (RCL 1970, 1289; NDL 23487), sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, modificada por la Ley 43/1974, de 28 de noviembre (RCL 1974, 2420; NDL 23487 nota) (...)"

Esta persona había pasado una temporada en la cárcel en aplicación de aquellas leyes delirantes, por el único motivo de su homosexualidad. Desde luego que si los propios gobiernos franquistas se hubiese aplicado a sí mismos la Ley de Vagos y Maleantes, España habría sido una anarquía perfecta.

Con independencia del deber reparador que atañe al Estado en esta clase de supuestos de violación arbitraria y extraordinariamente grave de los Derechos Humanos, debemos felicitarnos por lo que tiene de simbólico, en cuanto rechazo de que la opción sexual de cualquier persona pueda acarrear medidas represivas; si esto ocurre, los poderes públicos se comprometen a restaurar la dignidad atacada y los perjuicios económicos sufridos de manera activa. Si contemplamos la Historia con suficiente perspectiva, deberíamos sentirnos todos orgullosos de noticias semejantes.

¿Todos? Seguro que no. El 27 de abril pasado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado una sentencia que, en la práctica, va a permitir que los llamados "objetores" de la asignatura Educación para la Ciudadanía en esa Comunidad Autónoma reciban cierto aval para su comportamiento tan democrático, a la vez que admitirá las amputaciones del temario que las autoridades competentes del partido popular decidan llevar a cabo. Tenemos la impresión de que estas buenas gentes que se creen defensores de las esencias espirituales de occidente, y firmes salvaguardas de la moral de sus hijos -que en manos de sus maestros se verían abocados al homosexualismo, la orgía y la abominación-, no son sino títeres de la caverna mediática. Una manada mansa ante la orden y violenta tras ser azuzada. Si Losantos sale finalmente de la COPE, veremos cómo se reducen notablemente las objeciones a la asignatura (hasta que arraige en su nueva emisoria, claro). En todo caso deberían felicitarse de que éstos sean tiempos en que las discrepancias se resuelven desde el punto de vista estrictamente jurídico. Hace cuarenta o cincuenta años, en ese régimen con cuyos valores se identifican, la objeción que ahora practican hubiese supuesto cárcel. Esperaremos a que la sentencia sea publicada para examinarla detenidamente, pero de momento no podemos sino expresar nuestra sorpresa por la decisión de la Abogacía del Estado de no recurrirla.

Finalmente, y aunque pertenezca más bien al género bizarro para el que hemos abierto una etiqueta, de lamentable tenemos que calificar la ya célebre subasta de adolescentes "solteras" en una discoteca (de nuevo la mujer-espectáculo, como en el post precedente). Con independencia de la sanción administrativa o la causa penal que pudiese incoarse, nos llama la atención, una vez más, la completa incapacidad de los organizadores de la fiesta para entender unos mínimos conceptos como la igualdad entre los sexos o la dignidad humana. Señalan en su defensa que el asunto "no tiene mayor importancia", que servía únicamente "para que los chavales se conozcan". Ya. Pero ese propósito socializador partía de la base de que "las chavalas" eran la mercancía a "comprar" con billetes del Monopoly (tras exhibirse en pruebas de baile, simpatía, desfile y contoneo) mientras que "los chavales" eran los pujadores. Se trata, pues, de una actividad con un claro contenido pedagógico, aun no razonado: se enseña a las niñas que ellas son el objeto, y sus amigos los poseedores. Este hecho "sin importancia" recuerda a los peores episodios de esclavismo de la historia de nuestra especie. Pero la circunstancia de que los organizadores sean incapaces de comprenderlo nos hace concluir que quizá en casos como éste sólo cabe una vía: la mano dura, muy dura, con todas las armas legales de nuestro Estado de Derecho, que permiten la audiencia y la defensa de los implicados. Somos siempre partidarios de la pedagogía, pero no ya en supuestos que van más allá de lo admisible, donde quizá se debe acudir al único idioma que entienden semejantes individuos: el del dinero, el del bolsillo. Que lo paguen, pues.